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Normativa

Consulta la normativa publicada sobre finanzas sostenibles y responsables.

  • Orden DSA/819/2020, de 3 de septiembre, por la que se regula la composición y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Sostenible
    • Este consejo seha creado para llevar a cabo las siguientes funciones:
      a) Asesorar a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 en la elaboración e implementación de los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento de la Agenda 2030.
      b) Generar documentos y análisis sobre aspectos de la implementación para la consecución de la Agenda 2030.
      c) Contribuir a la divulgación y comunicación de la Agenda 2030 al conjunto de la ciudadanía española.
      d) Impulsar el diálogo y coordinación entre todos los agentes sociales, económicos, medioambientales y culturales para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

  • REGLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088
    • En su Comunicación de 8 de marzo de 2018, la Comisión publicó su «Plan de Acción: Financiar el crecimiento sostenible», con el que inicia una estrategia ambiciosa e integral respecto de las finanzas sostenibles. La medida más importante y urgente prevista por el plan de acción es el establecimiento de un sistema de clasificación unificado de las actividades sostenibles. El plan de acción reconoce que la reorientación de los flujos de capital hacia actividades más sostenibles debe sustentarse en una interpretación común y holística de la sostenibilidad medioambiental de las actividades y las inversiones. Como primer paso, la definición de orientaciones claras sobre las actividades que pueden considerarse coadyuvantes al logro de objetivos medioambientales ayudará sin duda a informar a los inversores sobre las inversiones que financian actividades económicas medioambientalmente sostenibles. Posteriormente podrían elaborarse orientaciones complementarias sobre actividades que contribuyen a otros objetivos de sostenibilidad, entre ellos los de índole social.

  • REGLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088
    • Una clasificación a escala de la Unión de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles debería permitir el desarrollo de futuras políticas de la Unión en apoyo de las finanzas sostenibles, entre ellas, normas a escala de la Unión sobre los productos financieros medioambientalmente sostenibles, y, en última instancia, la posible creación de etiquetas que reconozcan formalmente el cumplimiento de esas normas en toda la Unión. También podría servir de base para otras medidas económicas y reglamentarias. A modo de referencia para la futura normativa de la Unión destinada a facilitar la reorientación de las inversiones hacia actividades económicas medioambientalmente sostenibles, son necesarios requisitos jurídicos uniformes que permitan determinar el grado de sostenibilidad medioambiental de las inversiones, basados en criterios uniformes sobre las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

  • Código de Buen Gobierno
    • El nuevo Código está compuesto por 64 recomendaciones, que se agrupan en tres grandes bloques de contenido: aspectos generales (recomendaciones 1 a 5), junta general de accionistas (6 a 11) y consejo de administración (12 a 64). Los distintos aspectos sobre el gobierno de las empresas recogidos en este documento serán de aplicación en el ejercicio 2015, del que las empresas darán cuenta en los informes anuales de gobierno corporativo que remitirán a la CNMV en 2016.

  • Ley francesa de transición energética para el crecimiento verde. Referencias al artículo 173
    • El artículo 173 de la Ley de transición energética de Francia entró en vigor el 1 de enero de 2016. Fortaleció los requisitos obligatorios de divulgación en materia de carbono para las empresas que cotizan en bolsa, a la vez que obligaba a presentar informes sobre la materia y sobre la consideración de criterios ASV a inversores institucionales, definidos como propietarios de activos y gestores de inversiones.