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Normativa

Consulta la normativa publicada sobre finanzas sostenibles y responsables.

  • REGLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088
    • En su Comunicación de 8 de marzo de 2018, la Comisión publicó su «Plan de Acción: Financiar el crecimiento sostenible», con el que inicia una estrategia ambiciosa e integral respecto de las finanzas sostenibles. La medida más importante y urgente prevista por el plan de acción es el establecimiento de un sistema de clasificación unificado de las actividades sostenibles. El plan de acción reconoce que la reorientación de los flujos de capital hacia actividades más sostenibles debe sustentarse en una interpretación común y holística de la sostenibilidad medioambiental de las actividades y las inversiones. Como primer paso, la definición de orientaciones claras sobre las actividades que pueden considerarse coadyuvantes al logro de objetivos medioambientales ayudará sin duda a informar a los inversores sobre las inversiones que financian actividades económicas medioambientalmente sostenibles. Posteriormente podrían elaborarse orientaciones complementarias sobre actividades que contribuyen a otros objetivos de sostenibilidad, entre ellos los de índole social.

  • Código de Buen Gobierno
    • El nuevo Código está compuesto por 64 recomendaciones, que se agrupan en tres grandes bloques de contenido: aspectos generales (recomendaciones 1 a 5), junta general de accionistas (6 a 11) y consejo de administración (12 a 64). Los distintos aspectos sobre el gobierno de las empresas recogidos en este documento serán de aplicación en el ejercicio 2015, del que las empresas darán cuenta en los informes anuales de gobierno corporativo que remitirán a la CNMV en 2016.

  • Ley francesa de transición energética para el crecimiento verde. Referencias al artículo 173
    • El artículo 173 de la Ley de transición energética de Francia entró en vigor el 1 de enero de 2016. Fortaleció los requisitos obligatorios de divulgación en materia de carbono para las empresas que cotizan en bolsa, a la vez que obligaba a presentar informes sobre la materia y sobre la consideración de criterios ASV a inversores institucionales, definidos como propietarios de activos y gestores de inversiones.