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Tendencias internacionales en materia de derechos de emisión

25 de mayo de 2021

Mayo de 2021
 
De entre las medidas con las que las instituciones de todo el mundo están intentando luchar contra el cambio climático, las relacionadas con fijar un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero han tomado recientemente una gran notoriedad. El periódico El Mundo apuntó recientemente que, por ejemplo, Europa ha duplicado esos costes en el último año, pasando de los 20 euros por tonelada de CO2 de mayo de 2020 al récord histórico de 50 euros alcanzado durante este mes de mayo.
 
El consenso entre los expertos es además que esos precios van a seguir aumentado, y en Euroactiv varias voces autorizadas señalan que podrían alcanzar los 90 euros por tonelada en 2030.
 
Esta escalada responde a la evidencia de que el mecanismo funciona: es decir, que si los compromisos de futuro van en la dirección de reducir paulatinamente las emisiones, el no hacerlo tiene un coste creciente y así se incentiva la transición.
 
Según datos de la propia Comisión Europea, las emisiones de las compañías sujetas al Emissions Trading System (ETS) descendieron un 13,3% en 2020 respecto al año anterior. Y, si bien en esa caída también jugó un papel la pandemia –que explica, por ejemplo, la caída de las emisiones del sector de la aviación en un 64,1%–, el descenso en sectores menos afectados por la misma, como el cementero (-5,1%) o el químico (-4%), acredita la efectividad del sistema.
 
La inclinación a endurecer las reglas del mercado de carbono suscita además un amplio quórum entre sus principales decisores. En un artículo reciente, Social Investor recogía por ejemplo las declaraciones de Emmanuel Macron considerando que “difícilmente se haría el salto hacia una economía más respetuosa con el medio ambiente sin un encarecimiento de estos ‘permisos’ para contaminar”.
 
Bloomberg también recogía hace unos días unas declaraciones de Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea y responsable del European Green Deal, en la misma línea. Timmermans advertía sobre los efectos adversos de una excesiva intromisión de la UE en el mercado para limitar el crecimiento de los costes de emisión de CO2, y abogaba en cambio porque sea el propio mercado el que pivote de forma natural hacia unos precios cada vez más elevados.
 
Por su parte, los economistas Ryan Rafaty, Geoffroy Dolphin y Felix Pretis señalaban recientemente, de nuevo en Bloomberg, que el estudio de las políticas de precios del carbono de casi 40 países apunta a que su contribución directa a la reducción de emisiones es solo de entre un 1 y un 2,5% del total: una aportación pequeña que conduce a esos expertos a concluir que la fijación de precios o los impuestos al carbono no sirven por sí solos, y que han de ir acompañados de políticas climáticas mucho más integrales.
 
Otra de las evidencias que avala que no todo puede resolverse interviniendo el mercado de las emisiones son los costes que supone esa intervención a empresas especialmente intensivas en carbono. El servicio de inteligencia de mercado ICIS señalaba por ejemplo hace unos días que la industria química europea podría tener que hacer frente a una factura de 1.500 millones de euros –más del doble de los 600 millones del año pasado–, por el aumento del precio de los derechos de emisión.
 
Si este aumento de coste sólo lo afrontan además las empresas europeas, puede tener efectos devastadores y generar un lastre competitivo a las industrias de la demarcación en contraste con sus contrapartes en otras partes del mundo.
 
Ante esta situación, la Unión Europea ha planteado el llamado mecanismo de ajuste de carbono en cartera dentro de su Pacto Verde. En esencia, esta propuesta parte de la tesis de que, si los productores europeos tienen que pagar un precio por el CO2 que generan, los demás países tendrían que pagar ese precio cuando exporten sus productos a Europa. Luis Garicano, Eurodiputado y vicepresidente y portavoz económico de Renew Europe, defendía y explicaba recientemente en Ethic dicho mecanismo, que ya está trabajándose en Europa a través de una propuesta legislativa.
 
Del lado privado, grandes empresas de los sectores cementero o petroquímico se han mostrado también partidarias de este tipo de sistemas; entre otras, ArcelorMittal, uno de los mayores productores de acero de Europa, que señalaba recientemente en Financial Times que, sin esos mecanismos de ajuste en frontera, la industria europea corre el riesgo de dejar de ser competitiva.
 
En ausencia sin embargo de un consenso mundial sobre cómo reducir las emisiones por la vía de las políticas de fijación de precios o de tributación del carbono, las empresas también están haciendo esfuerzos por su cuenta en aras de un compromiso sostenible que trasciende desde hace tiempo al merco cumplimiento regulatorio.
 
El pasado mes de abril, el Carbon Disclosure Project (CDP) apuntó que la adopción por parte de compañías de todo el mundo de mecanismos internos de fijación de precios del carbono está aumentando, y que el número de empresas que ya recurren a los mismos o planean hacerlo ha aumentado un 80% en los últimos cinco años y ya abarca a casi la mitad de las 500 mayores multinacionales del mundo.
 
De modo que, como en otros aspectos de la lucha contra el cambio climático, el de los derechos de emisión es objeto de un intenso debate en el que, en ausencia de conclusiones y compromisos universales, tanto desde las instituciones como desde el sector privado está trabajándose para ponerlo al servicio de un mundo más verde y mejor.