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Desastres naturales: una señal de alarma desatendida sobre el cambio climático

10 de septiembre de 2020

Septiembre de 2020
 
 
La literatura y el debate en torno al cambio climático a veces lo presentan como un desenlace evitable que nos acecha en un futuro próximo, cuando en realidad sus efectos ya son evidentes, y, a menudo, devastadores. Entre los mismos, las catástrofes naturales son quizás su manifestación más incontestable.
 
Según un informe reciente de la reaseguradora Munich Re, en la primera mitad de 2020, los desastres naturales causaron pérdidas valoradas en más de 57.000 millones de euros en todo el mundo y se cobraron 2.900 vidas.
 
Pese a que estas cifras se encuentran ligeramente por debajo de la media registrada en las últimas tres décadas, no cabe duda de que esos desastres son una de las manifestaciones más descarnadas del cambio climático, y que el año de la COVID-19 nos deja también imágenes desgarradoras del ciclón Amphan en India, o, más cerca de donde nos encontramos, de la tormenta Ciara azotando el norte de Europa.
 
El sector asegurador contribuye a la toma de conciencia colectiva sobre que los desastres naturales deben formar parte del debate y las estrategias frente al cambio climático. Así lo acredita un reciente documento de posicionamiento a cargo de Insurance Europe. La federación de aseguradoras y reaseguradoras europeas celebra la creación de un Pacto Verde Europeo (European Green Deal), pero reclama a las autoridades comunitarias repartir los esfuerzos en materia de cambio climático no solo entre los orientados a su mitigación, sino también entre aquellos necesarios para adaptarnos a unos efectos que ya resultan innegables y que se manifiestan a través de “eventos naturales cada vez más dañinos”.
 
A través de este documento, el sector asegurador insta a la UE a cambiar su enfoque reactivo ante los desastres naturales por uno que priorice la prevención, la reducción de riesgos y el desarrollo de una mayor resiliencia. ¿Cómo? Dotándose de datos de alta calidad, instando a una responsabilidad compartida entre gobiernos y a una toma de conciencia por parte de la opinión pública, dando continuidad a la apuesta por la financiación ex ante de catástrofes naturales y, último, fomentando la colaboración público-privada entre aseguradoras y legisladores.
 
Esa colaboración público-privada en materia de catástrofes naturales es precisamente una de las claves del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030. Este plan incluye una línea de acción para reducir el riesgo de desastres mediante una colaboración reforzada entre la Administración, en especial a nivel autonómico y local, y el sector asegurador. Esta colaboración, por ejemplo, puede operar en cuestiones como la evaluación de riesgos, la ordenación territorial o la planificación urbanística.
 
La estrategia de la UE para su adaptación al cambio climático también insta a una colaboración público-privada para hacer frente a desastres naturales y provocados por el hombre, extender los productos de seguros dirigidos a este tipo de situaciones y promover seguros y otros productos financieros resilientes.
 
El impacto del cambio climático
 
McKinsey presentó a principios de año una ambiciosa investigación que, bajo el título ‘Climate risk and response’, calcula cuál puede ser el impacto del cambio climático en los sistemas socioeconómicos de todo el mundo en las próximas tres décadas.
 
Entre sus conclusiones, esta consultora prevé que el incremento de la temperatura de la tierra aumente las probabilidades de que se produzcan catástrofes naturales. El impacto de los desastres no será lineal, sino que afectará sobre todo a países y regiones con PIB per cápita bajos. A título de ejemplo, McKinsey calcula que, en 2030, entre 160 y 200 millones de habitantes de distintas regiones de la India tendrán un 5% de posibilidades de verse expuestos a olas de calor que excedan el umbral de la supervivencia humana.
 
Pero el cambio climático afecta a todos, también a las economías avanzadas y, en consecuencia, a sus activos financieros. De muestra un botón: una vivienda en Florida, por ejemplo, podría llegar a perder entre un 15% y un 35% de su valor actual de aquí a 2050 por causa de las inundaciones acaecidas en ese periodo.
 
McKinsey culmina su investigación extendiendo varias recetas adicionales a la improrrogable descarbonización, entre las que incluye acelerar la adaptación y una gestión más sistemática de los riesgos climáticos. Precisamente a propósito de estos últimos, UNEP FI, la iniciativa financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha constituido un Grupo de Trabajo sobre divulgación financiera relacionada con el clima (TCFD) que está desplegando simultáneamente varios pilotos dirigidos a los sectores bancario, asegurador y de los fondos.
 
Las entidades de crédito también tienen el cambio climático en su agenda. Recientemente se han hecho públicas las conclusiones en materia de riesgos físicos de un piloto con el sector bancario y resultan palmarias: para UNEP FI, los eventos extremos, como las inundaciones, las sequías o las tormentas tropicales, “causan daños a los activos fijos, provocan cambios en la producción y el valor de los activos y afectan a las cadenas de suministro”. Por lo tanto, tienen el potencial de “crear riesgos considerables para las carteras de los bancos”. Para analizar y paliar esos riesgos, la entidad adscrita a Naciones Unidas insta a las entidades financieras a incorporar datos sobre los cambios futuros en materia de eventos climáticos extremos en sus procesos de evaluación de riesgos.
 
Aseguradoras, bancos, fondos, consultoras… Todos en la industria financiera identifican el cambio climático como un riesgo ante el que hay que reaccionar.