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Instrumentos e iniciativas financieras para la lucha contra el COVID-19

29 de mayo de 2020

Mayo de 2020
 
La crisis derivada de la propagación del COVID-19 está motivando una respuesta que podemos considerar más o menos coordinada, pero que ha sido indiscutiblemente colectiva. Las empresas en concreto están respondiendo a esa llamada de formas muy diversas, pero, mientras algunas operan en sectores que solo les permiten realizar aportaciones filantrópicas, otras están poniendo su propia actividad al servicio de la lucha contra el coronavirus.
 
Los agentes financieros forman parte de este segundo grupo, y la pandemia ha impulsado instrumentos preexistentes como los bonos sociales, como ha explicado René Karsenti, senior advisor y ex-presidente de la International Capital Market Association (ICMA) y ex-integrante de la junta de la International Finance Facility for Immunisation (IFFIm), en una tribuna para el European Capital Markets Institute.
 
En ella, Karsenti defiende que los bonos sociales “están llamados a jugar un papel clave” tanto en la lucha contra el COVID-19 como para paliar sus consecuencias económicas y volvernos más resilientes ante futuros shocks.
 
Y es que, si en 2019 se realizaron emisiones sociales por valor de 13.000 millones de dólares en todo el mundo, el periodista Shanny Basar apunta en Markets Media que, solo entre enero y abril de 2020, estas superaron la barrera de los 12.000 millones de dólares, doblando su anterior récord trimestral.
 
En paralelo al auge de productos preexistentes como los bonos sociales, también están desplegándose nuevas iniciativas para financiar la lucha contra el COVID-19.
 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI), por ejemplo, prevé movilizar en total hasta 200.000 millones de euros a través por ejemplo de un fondo de garantía pan-europeo que ya ha permitido que la Comunidad de Madrid se haya beneficiado de un préstamo de 600 millones de euros en condiciones ventajosas con el que reforzar la atención primaria, las unidades de cuidados intensivos y los servicios de emergencia de la región, financiar los gastos operativos extraordinarios causados por la pandemia y adquirir equipos de protección personal y recursos para diagnosticar y tratar la enfermedad. Además de este fondo ad hoc, el BEI ha adaptado sus instrumentos financieros conjuntos con la Comisión Europea para aportar financiación adicional a las pymes y a las empresas de mediana capitalización europeas más impactadas por el coronavirus.
 
El capital privado está lanzando asimismo iniciativas interesantes, como la colaboración de Open Value Foundation y la Bolsa Social para que las empresas españolas en fases tempranas que estén desarrollando soluciones para mitigar el impacto del coronavirus a nivel sanitario, económico y social puedan acceder a la inversión participativa de la mano de campañas de crowdequity de entre 50.000 y 500.000 euros, o la plataforma Energía Positiva+, mediante la cual varias compañías del sector energético están apoyando financieramente a start-ups de los ámbitos de la sostenibilidad ambiental, la movilidad o el impacto social.
 
El sector asegurador y el de los fondos de pensiones también están realizando esfuerzos. En virtud por ejemplo del nuevo supuesto de liquidez para los instrumentos de previsión social complementaria establecido por el gobierno el pasado mes de abril, los trabajadores sujetos a ERTES, los empresarios que hayan visto suspendida su actividad por el cierre de sus establecimientos en aplicación del estado de alarma o los trabajadores por cuenta propia que hayan cesado su actividad podrán reembolsar aportaciones con al menos 10 años de antigüedad.
 
En definitiva, los agentes financieros han demostrado en esta crisis contar no solo con la voluntad, sino también con vehículos preexistentes y con la capacidad de desarrollar otros nuevos con los que brindar apoyo y liquidez a quienes luchan contra la pandemia y para que la recuperación tras la misma se construya sobre cimientos sólidos.